A partir del decreto firmado por el presidente uruguayo, José Mujica, se reabrirán más de 80 casos de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura cívico militar que sometió al país entre 1973 y 1985. La norma anula todos los actos administrativos de los anteriores presidentes que, acorde con lo que dicta la Ley de Caducidad, tuvieron la posibilidad de determinar si la investigación de un caso se debía llevar adelante o no.
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